Leyes
En la última década, el tratamiento jurídico y social de las personas con discapacidad ha iniciado una nueva etapa tanto a nivel mundial como a nivel nacional. En el ámbito internacional el avance más importante en la materia ha sido la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), un instrumento jurídico vinculante que nace en el seno de las Naciones unidas y entra en vigor en el año 2008. Otro instrumento de gran relevancia que cabe mencionar es la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad de la OEA. Dichos instrumentos han creado un marco jurídico que genera obligaciones a los estados, destinadas a proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad alrededor del mundo.
Dentro del marco legal e institucional nacional, la Constitución Política es el fundamento que reconoce y establece los derechos de todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad. En agosto del 2001 se publico la reforma al Artículo 1 constitucional adicionándole el párrafo tercero que prohíbe la discriminación y hace referencia específica a las “personas con capacidades diferentes”. A su vez se crea la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En el 2005, se publico la Ley General para las Personas con Discapacidad, que hasta la fecha carece de reglamento, y se crea el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS). Finalmente, en julio de 2009 se presento el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad que representa un plan de acción integral para cumplir con las obligaciones estipuladas en la CDPD.
A pesar de que los avances en materia legislativa han sido importantes tanto en el ámbito internacional como en el interno, aun queda un largo camino por recorrer. A nivel federal, las leyes no cuentan con reglamentos ni sanciones administrativas suficientes que desalienten las prácticas discriminatorias y protejan los derechos de manera efectiva. Respecto a las Leyes para las personas con discapacidad de los estados la mayoría son débiles, persiste una enfoque medico de la discapacidad y no hacen referencia a los derechos.
Es fundamental que la legislación interna, tanto federal como estatal, se armonice con las disposiciones de la CDPD, se cree reglamentación específica para su aplicación y se asigne el presupuesto necesario para la ejecución de programas.
Dentro del marco legal e institucional nacional, la Constitución Política es el fundamento que reconoce y establece los derechos de todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad. En agosto del 2001 se publico la reforma al Artículo 1 constitucional adicionándole el párrafo tercero que prohíbe la discriminación y hace referencia específica a las “personas con capacidades diferentes”. A su vez se crea la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En el 2005, se publico la Ley General para las Personas con Discapacidad, que hasta la fecha carece de reglamento, y se crea el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS). Finalmente, en julio de 2009 se presento el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad que representa un plan de acción integral para cumplir con las obligaciones estipuladas en la CDPD.
A pesar de que los avances en materia legislativa han sido importantes tanto en el ámbito internacional como en el interno, aun queda un largo camino por recorrer. A nivel federal, las leyes no cuentan con reglamentos ni sanciones administrativas suficientes que desalienten las prácticas discriminatorias y protejan los derechos de manera efectiva. Respecto a las Leyes para las personas con discapacidad de los estados la mayoría son débiles, persiste una enfoque medico de la discapacidad y no hacen referencia a los derechos.
Es fundamental que la legislación interna, tanto federal como estatal, se armonice con las disposiciones de la CDPD, se cree reglamentación específica para su aplicación y se asigne el presupuesto necesario para la ejecución de programas.
